Contratos basura en la Ciudad, la vigencia del fraude laboral

Fuente: Periódico Miradas al Sur - 08/03/09
Nota: Por Agustín Alvarez Rey

La deprimida realidad laboral que viven los trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agudiza cada vez más. Lejos de resolver esa situación, la actual gestión replica las mismas lógicas utilizadas por administraciones pasadas y abusa de la legislación vigente con un arma privilegiada: los contratos basura.

Miradas al Sur consultó a varios especialistas acerca de esos acuerdos contractuales. Los calificativos más utilizados en las respuestas fueron “fraudulentos e irregulares”.

Firmando la mentira. “Cuando se verifican circunstancias en las que el contrato de trabajo tiene una duración de dos, tres, cuatro años o más, y esto se lo quiere hacer aparecer como una contratación de trabajo eventual es fraude. El caso típico se da cuando se hace aparecer al trabajador como contratado bajo una figura eventual y resulta que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, oculto bajo esa figura fraudulenta.

A pesar de estar bajo una figura temporaria de contratación de personal, lo que allí se oculta es el cumplimiento de tareas que hacen a la habitualidad de la actividad de su empleador”, señaló el abogado laboralista Teodoro Sánchez de Bustamante. El actual Gobierno porteño, como muchos en el pasado, hace uso de una serie de modalidades contractuales que tienen como fin evadir la normativa vigente respecto del empleo público, en especial en el ámbito de la estabilidad laboral. “Todos los gobiernos porteños optan por mantener la misma política. A fin de año la gente no sabe si le van a renovar los contratos. Son muchos los compañeros que no lograron la prórroga de sus acuerdos. Nosotros los consideramos despidos”, aseguró el Secretario General Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Arrechea.

Para Sánchez de Bustamante “desde el punto de vista jurídico lo que se quiere hacer es eludir el cumplimiento de las leyes laborales. Además de abaratar costos y más allá de no cumplir con la legislación laboral y previsional. El perjuicio para los trabajadores no sólo es actual, sino también futuro. Actual porque se le niegan los beneficios derivados del derecho del trabajo y futuro porque le están perjudicando el aporte previsional para la jubilación”.

Según datos oficiales, el Estado porteño tiene bajo el régimen de contratos basura a 18.000 trabajadores sobre un total de 50.000 excluyendo a los docentes, un 36 por ciento del personal trabaja “en negro”. Tal como lo establece la Constitución Nacional y la de la Caba en sus artículos 14 bis y 43, respectivamente, el principio general de contratación que debe regir es el de personal de planta permanente, con estabilidad en el empleo. Para evadir la aplicación del principio constitucional de estabilidad en el empleo público, los distintos gobiernos utilizan principalmente dos figuras que precarizan el empleo público: locación de servicios y contratación en relación de dependencia por tiempo determinado.

Dentro de este marco el Estado recurre a cinco figuras: locación de servicios, locación de obra, pasantías (mediante convenios con Universidades), becarios y asistentes técnicos. Al respecto Sánchez de Bustamante explicó: “El Estado recurre a las figuras de contratación no laborales, aquellas en las que el contrato de trabajo se lo hace aparecer como una pasantía educativa o se le hace firmar el contrato por locación de servicios. Todas figuras que lo único que hacen es ocultar un contrato de trabajo por tiempo indeterminado”. Los contratos basura ya se han convertido en mayoría en algunos sectores de la Ciudad. “El sector que más trabajadores precarios tiene es Desarrollo Social; allí, el personal que están bajo este tipo de relación llega al 60 por ciento, pero más allá de los porcentajes la política está instalada en todas la áreas de la Ciudad”, señaló Arrechea.

La situación puesta de manifiesto esta semana con la protesta de los trabajadores de la construcción por la aparente cesación de pago por parte del Estado y que podría acarrear casi mil despidos, aparece como una constante en la gestión que lleva adelante Mauricio Macri. El Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente que conduce Juan Pablo Piccardo es sólo un ejemplo. Desde diciembre de 2007 a esta parte el cuidado del espacio público se privatizó, los empleados de carrera de la Ciudad fueron relegados y las obras que están en plena ejecución comenzaron a sufrir demoras.

Ciudad cerrada. Otro ejemplo es la secretaría de Comunicación de la Ciudad, que depende de Gregorio Centurión, uno de las voces más influyentes en el entorno de Mauricio Macri, de la cual depende el Canal Ciudad Abierta, que no es la excepción. Allí se despidió un 45 por ciento del personal existente entre diciembre de2007 y diciembre 2008. Se subejecutó el presupuesto designado por la Legislatura para el canal durante 2008 por orden expresa de la Secretaría y no se enviaron las partidas designadas para los trabajadores del sector.

Además no se paga el alquiler del edificio donde funciona el canal desde hace un año y la mitad de los empleados tiene contratos precarios. La situación contractual de los trabajadores se repite, con distinta densidad e intensidad, en cada uno de los estamentos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Con este marco, sin capacidad de endeudamiento y en un año electoral, pese a los slogans, puede empezar a sospecharse que no va a estar bueno Buenos Aires.